SALA SUPERIOR DE VACACIONES 
EMITE DECISIONES RELEVANTES

El órgano jurisdiccional de emergencia a cargo de los jueces superiores Dr. Eduardo Torres Gonzáles, Dr. César Proaño Cueva y Dr. Roberto Meza Reyes, llevó adelante 34 audiencias resolviendo apelaciones sobre habeas corpus, prisiones preventivas, beneficios penitenciarios; audiencias de apelación de sentencias penales, de medidas de protección, infracción penal, entre otros.
✅Detención contra administradora de night club
Se destaca la revocación de la medida de comparecencia por la de detención contra la administradora de un local nocturno donde un varón fue dopado y posteriormente arrojado su cadáver a un basural donde fue encontrado. Verificado los presupuestos de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, el Colegiado revocó el mandato de comparecencia y confirmó asimismo la medida detención para otro de los cinco procesados.
✅Sentencia por delito de abuso sexual
La Sala confirmó la sentencia a 20 años de prisión contra un varón que violó a una joven, luego de que ésta quedara inconsciente. Ella despertó horas después de sucedido el acto delictivo, en un hospital de la ciudad, luego de ser rescatada de un descampado por personal de Serenazgo. Horas antes la víctima había compartido con su agresor bebidas alcohólicas en una discoteca de la ciudad.
✅Medidas de protección contra la violencia 
Revocando la decisión del juez de primera instancia, la Sala Superior otorgó medidas de protección contra una joven madre de 16 años, ante actos de violencia ejercida por el padre de su pareja. La violencia sicológica y económica generó una serie de medidas de protección hacia la víctima. 
En un caso similar, ante la violencia ejercida por el padrastro contra dos menores y la desatención de la madre, quien ya había sido conminada por otro juzgado en Tarma huyendo a Jauja y ahora con el mismo agresor a la selva central, la Sala Superior, confirmando las medidas de protección, ha ordenado la comunicación de tales medidas y del proceso de desprotección, a los juzgados de violencia y de familia de la Corte de Selva Central para la intervención de la Policía Nacional de esa jurisdicción.  
En otros casos, la Sala decidió no otorgar las medidas de protección por un hecho que no configura violencia bajo la Ley 30364 sino conflictos de índole patrimonial.